La “apostasía” ni siquiera está tipificada como delito por las leyes iraníes

(7 de diciembre de 2010) La Campaña Internacional para los Derechos Humanos en Irán ha reclamado hoy que el Tribunal Supremo de Irán revoque la condena por apostasía y la pena de muerte y libere de inmediato al pastor cristiano encarcelado Yusef Nadarjaní. El Poder Judicial iraní debe liberar igualmente a otro pastor, Behruz Sadegh Janyaní, que se enfrenta a un proceso similar.

Nadarjaní, de 33 años de edad y miembro oficiante de la Iglesia de Irán convertido al cristianismo a los 19 años, ejerce como pastor de una congregación de unas 400 personas en la norteña ciudad de Rasht y ha sido condenado a muerte por apostasía pese a que no hay artículo alguno en el código legal iraní que haga alusión a tal delito.

“Condenar a una persona a muerte al margen del marco legal es lo más bajo que puede caer cualquier sistema judicial”, valora Aaron Rhodes, portavoz de la Campaña.

“Ejecutar a alguien sobre la base de la religión que ha elegido practicar o no”, añade Rhodes, “es la forma más extrema de discriminación religiosa y desprecio por la libertad de conciencia y de creencias”.

La condena de Nadarjaní por apostasía y su sentencia a muerte fueron confirmadas el 22 de septiembre de 2010 por la sala 11ª del Tribunal de Apelaciones de lo Penal de la Provincia de Guilán.

La apostasía, o acto de renuncia a la propia religión, no es delito según el Código Penal Islámico iraní. El presidente del tribunal encargado del caso de Nadarjaní basó su veredicto en textos de eruditos religiosos iraníes.

La sentencia recoge que Nadarjaní, nacido de padres musulmanes, se convirtió al cristianismo a los 19 años, y que él mismo admitió este hecho mediante una confesión escrita realizada los interrogatorios. En la vista del juicio Nadarjaní aseguró sin embargo haber sido coaccionado por sus interrogadores para extraerle dicha declaración.

“Yo no soy apóstata”, dijo Naderjaní en el juicio. “Antes de los 19 años no había adherido a ninguna religión”. Y afirmó que tras repetidos interrogatorios, “mi interrogador me engatusó para hacerme creer que una persona nacida de padres musulmanes que no haya adherido a ninguna religión que no sea el Islam antes de llegar a la edad de madurez religiosa [15 años para los hombres según el islam], se convierte automáticamente en musulmán”.

El domingo 5 de diciembre de 2010, el abogado de Nadarjaní presentó un recurso de objeción a la sentencia pronunciada contra su cliente ante el Tribunal Supremo de Irán.

Los artículos 13 y 26 de la Constitución de la República Islámica reconocen el cristianismo y conceden a los cristianos el derecho al libre culto y a formar asociaciones religiosas. Por el artículo 14, el gobierno iraní está obligado a respetar la igualdad y los derechos humanos de los cristianos.

El juez de las causa de Nadarjaní basó su decisión en disposiciones de la Constitución y los procedimientos civiles de los Tribunales revolucionarios que prescriben a los jueces la consulta de otras fuentes cuando no existe legislación formal sobre el asunto en cuestión. El juez citó también una disposición del Código Penal que permite a los jueces recurrir a su conocimiento personal a la hora de emitir juicios.

“El poder judicial iraní se aparta cada vez más de cualquier forma reconocida de garantía procesal”, dijo Rhodes, “emitiendo juicios arbitrarios basados en leyes vagas sin límites precisos”. “En Irán, las leyes y las pruebas son cada vez más irrelevantes y guardan menos relación con los fallos judiciales”.

Behruz Sadegh Janyaní, otro pastor cristiano de 33 años de edad, se enfrenta también una posible imputación por apostasía en la ciudad de Shiraz, al sur de Irán.

Firuz Sadegh Janyaní, hermano de Behruz y miembro del Consejo Ejecutivo de la Iglesia de Irán, declara a la Campaña en relación con los casos de Nadarjaní y Sadegh Janyaní: “esto forma parte de una tendencia general de persecuciones anti cristianas”.

“Detuvieron a mi hermano”, sigue declarando Firuz Sadegh Janyaní, “en junio de 2010. Dos días más tarde fueron detenidos ocho miembros de su congregación, incluida su esposa, que finalmente fueron puestos en libertad”. “Pasó varios meses en régimen de aislamiento, sin que tuviésemos noticias de él y sin poder contactar con su abogado. Después ha sido trasladado [al sector común], pero nos inquieta el tipo de presiones a las que estuvo sometido mientras estaba aislado”.

Después de salir de la incomunicación, Behruz Sadegh Janyaní y su abogado, Mahmud Taravatruy, asistieron a una audiencia de investigación previa al juicio [dâdsarâ], en que la fiscalía solicitó que fuera inculpado de apostasía, además de los delitos de “atentado contra la seguridad nacional”, “propaganda contra el sistema político”, y “blasfemia”.

“Estamos muy preocupados por el cargo de apostasía”, dice Taravatruy. “Es a esa acusación a la que he dedicado la mayor parte de las energías al preparar su defensa, para salvarlo de la muerte.”

Según declara su hermano, Sadegh Janyaní nació de padres cristianos y nunca fue musulmán. La madre de Behruz Sadegh Janyaní es una inmigrante cristiana del Congo y su padre se convirtió antes de que él naciera.

“Técnicamente, el tribunal debería desestimar este cargo”, dice Taravatruy, “pero el juez tendrá que revisar primero las acusaciones”.

“Preguntamos la opinión de varios clérigos de alto rango [sobre la apostasía en el islam]“, explica Taravatruy a la Campaña. “Cuatro ayatolás [incluido el fallecido Gran Ayatolá Hosein Alí Montazerí], dijeron que la conversión del Islam a una de las religiones abrahámicas [incluido el cristianismo], no se considera apostasía y que [el converso] debe ser tratado del mismo modo que lo serían personas de otras religiones”.

Las autoridades pusieron a Behruz Sadegh Janyaní en detención provisional el día 6 de junio 2010, tras acudir a una orden de comparecencia ante el Tribunal de la Revolución de Shiraz. En aquel momento estaba en libertad bajo fianza a resultas de una detención en diciembre de 2009. Taravatruy aclara a la Campaña que esa orden de detención provisional expiró el 18 de octubre de 2010. “En términos técnicos, está detenido ilegalmente”.

La Campaña hace un llamamiento a la liberación inmediata de Nadarjaní y Sadegh Janyaní y al fin de los encausamientos por delito de apostasía, que no aparece en ninguna ley iraní y viola los compromisos contraídos en materia de derechos humanos por Irán.

(4 de diciembre de 2010) La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha reclamado al gobierno iraní que ponga fin de inmediato a su política de exclusión de estudiantes universitarios de la educación superior en función de sus creencias políticas o religiosas, y que respete su libertad de expresión y de conciencia, reclamaciones manifestadas en un nuevo informe titulado “Estrellas de castigo: discriminación sistemática y exclusión de la Educación Superior iraní” (acceda al informe, en lengua inglesa, pinchando aquí).

El informe de 77 páginas, basado en entrevistas con 27 estudiantes excluidos de la educación superior, se publica con ocasión del Día Nacional del Estudiante, 7 de diciembre en Irán.

“La exclusión de estudiantes de las universidades por sus convicciones políticas y religiosas”, denuncia Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña, “es una práctica totalitaria que arruina carreras y elimina a los jóvenes de orientación reformista de futuras promociones profesionales”.

Durante los últimos seis años, el gobierno del presidente Mahmud Ahmadineyad se ha fijado por objetivo suprimir el activismo social y político de los campus universitarios y marginar por sus convicciones religiosas a los estudiantes bahaíes, de manera estrechamente coordinada con los Ministerios de Inteligencia y de Ciencias.

Cientos de alumnos han sido excluidos de la educación superior a través de este proceso. 27 de ellos han sido entrevistados por la Campaña Internacional para los Derechos Humanos en Irán. Además, la Campaña ha confeccionado una lista de 217 estudiantes a los que se ha privado de su derecho a la educación. Se estima que las cifras reales son mucho más altas, puesto que muchos de los estudiantes castigados han preferido guardar silencio y no hacer su caso público por temor a una persecución de mayor gravedad o a un enjuiciamiento, o bien por la esperanza de poder revocar la prohibición que sufren accediendo a comprometerse por escrito a no perseverar en el activismo en el futuro.

El responsable último de esta política en su calidad de jefe del gabinete, que dirige los Ministerios de Ciencia e Inteligencia, y de jefe del Consejo Supremo de la Revolución Cultural (las tres entidades que practican de modo sistemático exclusiones del derecho al estudio), es Mahmud Ahmadineyad, quien debe por tanto rendir cuentas.

El conjunto de estas medidas políticas ha incluido el cierre de las organizaciones estudiantiles independientes, encarcelamiento masivo de activistas universitarios, purgas de profesores ideológicamente sospechosos, privación de la continuación de los estudios a los estudiantes señalados e incluso amputaciones en los planes de estudio de ciencias sociales y humanidades, en un esfuerzo para limpiar estas de “conceptos anti-islámicos”.

Enlaces a los contenidos (en inglés):

I. Resumen general

II. Contexto

III. En sus propias palabras: Entrevistas con estudiantes

IV. La controversia de la denuncia de las “marcas” a los estudiantes

V. Marco normativo de la denegación de Educación

VI. Violaciones del Derecho Internacional

VII. Recomendaciones

VIII. Lista de estudiantes excluidos de la educación superior, 2005-2010

Poco después de acceder Mahmud Ahmadineyad a la Presidencia de la República Islámica de Irán en 2005, se difundió en el vocabulario de la educación superior iraní el término “estudiantes señalados” (en persa setâredâr, “con estrella”), poniendo de manifiesto un mecanismo de discriminación y exclusión de los estudiantes de la enseñanza superior basado únicamente en sus creencias políticas, el ejercicio de su libertad de expresión, y en el caso de los estudiantes bahaíes, sus creencias religiosas.

Estrellas de castigo es un estudio profundo y sistemático de prácticas discriminatorias actualmente en vigor en la administración de la educación superior iraní, basado en un examen riguroso de las políticas oficiales, de testimonios directos de estudiantes excluidos de los estudios y de los esfuerzos de estos para obtener respuestas de las autoridades iraníes.

“La exclusión de estudiantes de la enseñanza superior constituye una violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Irán de promover la igualdad y la no discriminación y el derecho del pueblo iraní a la educación”, condena Ghaemí.

El derecho a la educación, proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Irán ha firmado y ratificado, incluye particularmente un acceso equitativo a la educación superior, con un único criterio legítimo de admisión: el cumplimiento de requisitos académicos. Entre los estudiantes excluidos de las universidades entrevistados por la Campaña se cuentan algunos que han obtenido las calificaciones más altas en exámenes de ingreso competitivos de escala nacional.

Durante las últimas décadas, los estudiantes iraníes han aprovechado para reivindicar sus derechos la ocasión del Día Nacional del Estudiante, instituido en la fecha del 7 de diciembre por ser el día en que en 1953 fuerzas de seguridad del campus de la Universidad de Teherán asesinaron a tres estudiantes que protestaban.

La campaña reclama el fin inmediato de tales prácticas discriminatorias, que castigan a los estudiantes universitarios por el ejercicio de su derecho  legítimo a la libertad de reunión, expresión, opinión y creencias religiosas.

(26 de noviembre de 2010) La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha pedido la liberación inmediata de Ebrahim Yazdí, detenido desde el día 1 de octubre sin que se haya informado de los cargos en su contra, con fin de que pueda recibir tratamiento médico.

Primer ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Yazdí fue detenido el 1 de octubre en un domicilio particular de Isfahán por su presunta participación en un “rezo ilegal” cuando asistía al funeral de la hija de un amigo. Posteriormente fue trasladado a la sección 209 de la prisión teheraní de Evín, gestionada por el Ministerio de Inteligencia.

Yazdí se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica de cáncer de vejiga, así como de una operación de corazón, y su familia cree que su vida corre peligro por las tensiones físicas y psicológicas de la cárcel, donde Yazdí ha sido privado de atención médica y vive en condiciones insalubres. Su esposa sólo obtuvo autorización para visitarlo después de transcurridos 40 días después de su encarcelamiento.

“Después de haber sufrido una detención arbitraria, retención ilegal y privación de garantías procesales y cuidados médicos”, dijo Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña “Yazdí precisa ser liberado de inmediato para recibir la atención de los médicos y la familia, e informado de los cargos en su contra para tener ocasión de preparar una defensa adecuada”.

Con 80 años de edad, el jefe del Movimiento por la Libertad de Irán es según su propia familia el “más antiguo preso político del país”. Desde el comienzo de la agitación política que siguió a las elecciones presidenciales de junio de 2009, ha sido detenido tres veces, una de ellas estando hospitalizado en cuidados intensivos. En uno de sus encarcelamientos, pasó 50 días en régimen de aislamiento.

Yazdí se convirtió en una de las principales voces que abogan por la reforma política en Irán a partir de su renuncia en 1979 como ministro de Relaciones Exteriores, después de intentar resolver la crisis de la toma de rehenes en la Embajada de los Estados Unidos. Posteriormente desempeñó labor de parlamentario hasta que por fin le fue proscrito el ejercicio de cargos políticos.

La premio Nobel de la Paz Shirín Ebadí, abogada de Yazdí en muchas de las ocasiones en que ha sido convocado ante el juez y encausado por el gobierno, ha hecho un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, pidiéndole que intervenga ante las autoridades de Irán para obtener la liberación de Yazdí, llamamiento expresado en una carta abierta publicada el día 23 de noviembre, con la firma de otras siete destacadas personalidades públicas iraníes.

En las cárceles iraníes continúan retenidos más de 500 presos de conciencia detenidos tras las protestas postelectorales. La mayoría, como Yazdí, se han visto privados del derecho a garantías procesales y a condiciones carcelarias que cumplan con unas normas básicas.

El 18 de noviembre de 2010, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, que reclamaba que Irán rinda cuentas, entre otras cosas, por: “continuo acoso, intimidación y persecución, incluidos arresto arbitrario, detención o desaparición, así como represión violenta de, entre otros, opositores políticos, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y otros representantes de los medios, proveedores de acceso a Internet, usuarios de Internet, bloggers, clérigos, académicos, estudiantes y líderes sindicales de todos los sectores de la sociedad iraní, señalando en particular el continuo acoso y detención de los miembros del personal del Centro de Defensores de los Derechos Humanos…”

La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán pide a la República Islámica de Irán que cumpla con sus compromisos internacionales de derechos humanos liberando a Yazdí y a todos los presos de conciencia.

“Según nos acerquemos al Día Internacional de los Derechos Humanos*, el 10 de diciembre”, ha declarado la Alta Comisionada, “el mundo centrará su atención en aquellas situaciones en que los activistas pro derechos humanos no son libres de organizarse o hablar”. “Me preocupa mucho el hecho de que el caso de Nasrín Sotudé sea parte de una campaña de represión mucho más amplia, y que la situación de los defensores de los derechos humanos en Irán se está poniendo cada vez más difícil”, añadió.

La Sra. Sotudé, una destacada abogada especializada en derechos humanos, implicada en la defensa de muchas causas notables, fue detenida el día 4 de septiembre y desde entonces ha estado recluida en régimen de aislamiento. Se dice que ha sido acusada de delitos contra la seguridad nacional. Tras su primera comparecencia ante el tribunal el 15 de noviembre, las fuentes informan de que la Sra. Sotudé rompió la huelga de hambre que llevaba a cabo desde hacía varias semanas en protesta por su detención.

“Insto a las autoridades iraníes a que revisen su caso con urgencia y aceleren su liberación”, dijo Pillay.

Hay varias personas más detenidas en la actualidad, vinculadas con el Centro de Defensores de Derechos Humanos (CHRD) fundado por la premio Nobel Shirín Ebadí. Mohammad Seyfzadé, abogado y co-fundador del CHRD, ha sido condenado a nueve años de prisión e inhabilitación de diez años para practicar la abogacía por el cargo de “formación de una asociación con fin de atentar contra la seguridad nacional”. Otros miembros del CHRD están siendo procesados por cargos similares, o han sido detenidos por períodos más cortos y se les impide viajar al extranjero.

En fecha más reciente, el 13 de noviembre de 2010, cinco abogados fueron detenidos en Teherán, de nuevo aludiéndose a motivos de seguridad. Aunque se ha informado de la liberación posterior de dos de ellos, se cree que los otros tres permanecen retenidos.

Otras organizaciones cuyos miembros han sido detenidos o condenados en los últimos meses son el Comité para la Defensa de los Presos Políticos de Irán y el Comité de Reporteros de Derechos Humanos, así como abogados individuales comprometidos en la defensa legal de causas sensibles, estudiantes activistas y líderes. La Alta Comisionada instó a las autoridades iraníes a revisar también estos casos.

“Las libertades de expresión y reunión están consagradas por el derecho internacional”, dijo, “y de modo particular y más importante por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado vinculante que Irán ha ratificado”.

Los días 1 y 2 de diciembre, el ACNUDH tiene previsto celebrar un coloquio en Teherán sobre asuntos judiciales, en el que participarán más de 30 jueces y fiscales iraníes, tratando cuestiones relativas al derecho a un juicio justo y el trato a los detenidos. Varios jueces y expertos internacionales participarán en el seminario para poner en común normas estándar reconocidas internacionalmente y experiencias sobre cómo desde el Poder Judicial se pueden proteger los derechos humanos.

“Esta es una oportunidad importante para establecer compromisos con los jueces iraníes sobre temas de interés, y también para promover las normas internacionales en administración de justicia”, dijo la Alta Comisionada. “Yo animo a las autoridades iraníes a que abran un mayor espacio para los abogados de derechos humanos y activistas, que juegan un papel fundamental y constructivo en la protección de los derechos humanos en todas las sociedades. Acaso expresen puntos de vista críticos, pero la crítica no es un crimen”, agregó Pillay.

* El Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, de este año 2010 está consagrado a “los defensores de los derechos humanos que actúan para acabar con la discriminación.”

La Campaña añade que los organismos de derechos humanos de la ONU tienen el deber de poner en marcha mecanismos que hagan rendir cuentas a Irán por sus violaciones de derechos y hagan efectiva esta nueva resolución.

El texto fue aprobado con 80 votos a favor, 44 en contra y 57 abstenciones. Con la aprobación de la resolución, serán siete los años consecutivos en que la ONU llama la atención hacia el incumplimiento de las normas básicas en materia de derechos humanos por parte del estado iraní, reclamando para remediarlo la cooperación de las autoridades con las Naciones Unidas.

Durante la tramitación, Mohammad Yavad Lariyaní, funcionario de alto rango delegado por la Judicatura iraní para cuestiones de derechos humanos, había viajado a Nueva York para tratar de neutralizar la resolución promoviendo una moción de inacción que hubiera evitado la votación. La maniobra fracasó de modo rotundo, con 91 votos contrarios, 51 a favor y 32 abstenciones pese a los esfuerzos del enviado de Teherán, que calificó la medida de “provocación” y ataque político occidental.

“No se puede ocultar con una retórica agotada”, señala Aaron Rhodes, portavoz de la Campaña “el hecho de que el trato inhumano del Estado iraní a su pueblo ha vuelto a suscitar la condena de los estados miembros”.

“Un número desmedido de ejecuciones, la mayoría de ellas sin garantías procesales; ejecuciones de menores; castigos inhumanos como lapidaciones y amputaciones; torturas sistemáticas; discriminaciones contra las mujeres; ataques contra periodistas y abogados de derecho humanos; detención arbitraria de miles de personas… todos estos problemas y más exigen que la comunidad internacional reclame mejoras de modo urgente”, dijo Rhodes.

En los últimos años, Irán no ha cesado de echar por tierra todos los intentos de asistir al país en la mejora de su actuación respecto a los derechos humanos. Desde 2005 no se ha permitido la entrada a ningún Relator Especial de la ONU, a pesar de las peticiones recurrentes por parte de los funcionarios de las Naciones Unidas. Todas las expresiones de inquietud surgidas a raíz de la resolución de la Asamblea General en 2009 sobre la actuación de Irán en materia de derechos humanos han sido obviadas por el gobierno de Teherán, mientras proseguía el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Más de 500 presos de conciencia, encarcelados tan solo por sus convicciones sobre las elecciones presidenciales de 2009, languidecen en las cárceles, sometidos a malos tratos. El Poder Judicial ha castigado a los activistas con draconianas condenas de cárcel, flagelaciones y multas de gran cuantía apoyándose en imputaciones falsas relativas a la seguridad nacional. Recientemente han sido detenidos y procesados arbitrariamente numerosos abogados de derechos humanos, entre los que destacan Nasrín Sotudé y Mohammad Seyfzadé.

La Campaña ha recibido informes creíbles que denuncian decenas de ejecuciones colectivas en la cárcel de Vakilabad, que posiblemente harán incrementarse por centenas el número anual de ejecuciones realizadas en Irán, que ya es el segundo del mundo después de China.

La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán no puede por tanto sino acoger con satisfacción el amplio apoyo inter-regional obtenido por esta resolución e insta a Irán a dar inicio a un programa de cooperación constructiva con las Naciones Unidas para abordar las inquietudes públicamente manifestadas.

• solicitar al secretario general de la ONU que publique un informe más exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Irán;
• solicitar al secretario general que informe periódicamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Irán;
• instar a los titulares de mandato de los procedimientos especiales de la ONU a que informen periódicamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del los derechos humanos en Irán;
• nombrar un enviado especial del secretario general con el mandato de investigar la situación de los derechos humanos en Irán e informar sobre ella.

Las violaciones en gran escala de derechos humanos cometidas en Irán tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2009 fueron un recordatorio de la precariedad de las libertades fundamentales en el país. Las autoridades impusieron restricciones aún más severas a la libertad de expresión, asociación y reunión. Se prohibieron las manifestaciones pacíficas y se golpeó a los manifestantes, se los detuvo arbitrariamente y, en algunos casos, se disparó contra ellos. Decenas de personas fueron víctimas de homicidio, tanto en la calle como bajo custodia.

Las autoridades iraníes sometieron luego a juicio sin las debidas garantías a centenares de personas, en muchos casos en “juicios mediáticos” masivos que parecían tener principalmente por objeto validar su versión de los hechos y buscar chivos expiatorios. En enero de 2010, dos hombres declarados culpables en tales “juicios mediáticos” fueron ejecutados por su participación en las manifestaciones, pese a que habían estado bajo custodia desde antes de las elecciones. Hay al menos siete hombres y una mujer condenados a muerte por presuntos delitos relacionados con las elecciones y el periodo posterior a ellas, y otros cumplen penas de hasta 25 años de prisión por haber sido declarados culpables de imprecisos “delitos” contra la “seguridad nacional”. Sus juicios fueron parodias de justicia.

Normalmente, los juicios se celebran tras haber estado los acusados recluidos durante largos periodos, a menudo en régimen de incomunicación o de aislamiento, en centros donde la tortura y otros malos tratos con comunes. Asimismo, se han utilizado las malas condiciones de reclusión, incluida la negación de atención médica adecuada, para ejercer aún más presión sobre los detenidos y sus familias.

Desde la aprobación de la última resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán, las autoridades han prohibido algunos partidos políticos; cerrado periódicos; hostigado a organizaciones de derechos humanos; detenido a periodistas, sindicalistas y activistas de los derechos humanos, y privado a detenidos de asistencia letrada adecuada, pues se han violado los derechos de los abogados mismos, a quienes se ha detenido y sometido a hostigamiento con la intención evidente de menoscabar la función de abogado defensor.

Aunque a finales de 2009 las autoridades habían conseguido ya sofocar las manifestaciones, continúan sometiendo a hostigamiento y, en muchos casos, a detención arbitraria a quienes se muestran críticos con el historial del gobierno en materia de derechos humanos o expresan su disidencia. Han detenido y condenado a prisión a activistas de los derechos de las mujeres. También han detenido a miembros de minorías étnicas de Irán que propugnan mayor respeto de sus derechos en un contexto de atentados perpetrados sobre todo en las zonas predominantemente baluchis y kurdas del país. Y también se ha detenido y, a veces, condenado a cumplir largas penas de cárcel a miembros de minorías religiosas, en particular de la comunidad bahaí, no reconocida, a musulmanes convertidos al cristianismo y a sufíes.

Las autoridades iraníes siguen llevando a cabo –principalmente por ahorcamiento– más ejecuciones que cualquier otro país del mundo, aparte de China. Entre los condenados a muerte hay un número desproporcionado de personas pertenecientes a minorías y de ciudadanos extranjeros, en particular afganos. Muchos han sido declarados culpables de asesinato o de tráfico de drogas en juicios plagados de irregularidades. La pena de muerte puede imponerse también por “delitos” en los que no hay una intención letal intrínseca –como el “adulterio”, la “sodomía”, el “insulto a santidades” y el “establecimiento de un grupo que tenga por objeto atentar contra la seguridad nacional o la pertenencia a él”–, lo que constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Desde 2006 han sido ejecutadas por lapidación al menos seis personas declaradas culpables de “adulterio”. En 2009, Irán ejecutó al menos a 388 personas, de las que al menos cinco eran menores de edad en el momento del delito por el que fueron condenadas. Entre enero y octubre de 2010, Irán ha ejecutado a más 220 personas, entre ellas una que quizá fuera menor de edad en el momento del delito.

En la actualidad hay al menos 141 personas condenadas a muerte por delitos que cometieron presuntamente siendo menores de 18 años, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Irán en virtud de los tratados internacionales.
Aunque las autoridades iraníes han reconocido que tras las elecciones presidenciales se cometieron algunos abusos en el centro de detención de Kahrizak, así como en la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán, han rechazado otras denuncias, relativas a tortura –incluida violación– y homicidios ilegítimos, tras realizar someras investigaciones. De hecho, hay indicios de que las autoridades no tienen intención de revelar la verdad: han cerrado las oficinas de personas que reunían pruebas de violaciones de derechos humanos y detenido a algunas de ellas; ha abierto una causa contra el candidato presidencial derrotado Mehdi Karroubi, quien ha seguido expresando preocupación por las violaciones de derechos humanos, y han intentado desacreditar las pruebas recogidas presentando falsamente a personas incluidas en la lista de las fallecidas.

Al mismo tiempo, las autoridades están haciendo todo lo posible para impedir el escrutinio externo de lo sucedido, negándose incluso a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU a la vez que afirman estar cumpliendo con sus obligaciones internacionales.

La invitación permanente que cursó Irán a todos los mecanismos en 2002 coincidió con el fin del mandato específico sobre Irán de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, a los siete mecanismos con solicitudes permanentes de visita se les está obstaculizando ésta. No se permite la visita de ningún procedimiento especial desde 2005. De hecho, el gobierno se ha negado explícitamente a aceptar las recomendaciones en que se solicitan visitas de algunos de los titulares de mandado formuladas durante su examen en el proceso de examen periódico universal en febrero de 2010.

Los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura, la independencia de los jueces y los abogados, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y los defensores de los derechos humanos, así como el experto independiente en cuestiones de las minorías, han presentado solicitudes de visita, pero no han recibido respuesta. Mientras tanto, los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y la libertad de religión o de creencias, así como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tienen en principio acuerdos de visita, pero las autoridades iraníes no han propuesto ninguna fecha.
Aunque Irán ha presentado todos los informes pendientes a los órganos de vigilancia de los tratados pertinentes y ha sometido su historial en materia de derechos humanos a la consideración de los Estados en el proceso de examen periódico universal, así como del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en agosto de 2010, estos mecanismos no están equipados para tratar debidamente una crisis de derechos humanos como la que continúa desarrollándose en Irán.

Durante el examen periódico universal en el Consejo Derechos Humanos, el gobierno no sólo hizo una descripción manifiestamente distorsionada de la situación en el país, sino que también rechazó recomendaciones específicas clave sobre la libertad de expresión, asociación y reunión por considerar que tenían una motivación política, a la vez que aceptaba otras más genéricas.

Con estos antecedentes, no debe permitirse que ninguna iniciativa iraní dirigida en apariencia a aumentar la cooperación con los mecanismos de derechos humanos, como la invitación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la posible reanudación del diálogo entre Irán y la Unión Europea en materia de derechos humanos, desvíe la atención de la necesidad de formular demandas internacionales de mejoras demostrables sobre el terreno.

Al reunirse para celebrar el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General, los Estados miembros de las Naciones Unidas han podido ver una vez más datos convincentes sobre la comisión de violaciones de derechos humanos en Irán, recogidos por el secretario general de la ONU y expuestos en su informe de 2010 presentado de conformidad con la Resolución 64/176 de la Asamblea General. Tales datos hacen necesaria una reacción enérgica de la comunidad internacional con que responder a la falta de medidas de las autoridades iraníes para ocuparse de tan graves motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos y a sus obstáculos al escrutinio internacional. Es necesaria una acción concertada para que el pueblo de Irán tenga mayor acceso a la gama completa de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

(31 de octubre de 2010) Shirín Ebadí ha reclamado hoy en un comunicado publicado junto a dos organizaciones de defensa de los derechos humanos –la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos (LIDDH) y la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán– que el poder judicial iraní cese en sus ataques sistemáticos a los defensores de los derechos humanos y abogados, condenados a largas penas de prisión tan sólo por su labor de defensa de los derechos humanos y de sus clientes.

El sábado 30 de octubre, la Sala 15 de los Tribunales Revolucionarios de Teherán condenó al eminente abogado Mohammad Seyfzadé a nueve años de cárcel y diez años de inhabilitación para el ejercicio del Derecho. La condena a Seyfzadé se basa en una imputación de “actos contra la seguridad nacional” por su “fundación del Centro de Defensores de los Derechos Humanos” (CDDH). Otros dos cofundadores del CDDH, Abdolfattah Soltaní y Mohammad Alí Dadjah, están también enjuiciados por cargos similares.

Nasrín Sotudé, otra abogada afiliada al CDDH, está detenida y sometida a régimen de aislamiento desde el 4 de septiembre de 2010. Un abogado más, Mohammad Oliaifard, está cumpliendo una contena de un año por haberse entrevistado a propósito del caso de uno de sus clientes.

Entrevistado por la LIDDH y la Campaña, Seyfzadé declara: “En mi opinión, esto no es un dictamen jurídico, sino un comunicado partidista y político contra un grupo de derechos humanos. El vocabulario empleado pone de manifiesto el odio que sienten sus señorías hacia los derechos humanos. Dicen que éramos activos en el “llamado campo de los derechos humanos”. Resulta que hemos cometido delitos por escribir cartas a las autoridades en las que criticábamos la situación del sistema judicial, hacer sugerencias para reformar las leyes, o representar a personas perseguidas por el Poder Judicial, cosas que no son sino parte de los derechos de la ciudadanía y obligación del Centro y nuestra, en tanto que abogados. Ya ven ustedes que sus señorías consideran delito la defensa de los derechos del pueblo y actividades similares, realizadas en conformidad con la ley. ¿Cuál de esas actividades es un delito que pueda haber sido incluida en el dictamen de su señoría como “actos contra la seguridad nacional y del sistema político”? Es este mismo sistema político al que le decimos que debe reformar las leyes; el mismo sistema político al que le decimos que estas citaciones no son conformes a derecho. Dese usted cuenta, cuando abogados eminentes de este país como Ebadí, Dadjah o Soltaní ejercen la abogacía de acuerdo con la ley, para sus señorías están cometiendo un delito”.

La premio Nobel Shirín Ebadí declaró: “esta sentencia injusta muestra cómo el Poder Judicial iraní pierde cada día más independencia. De acuerdo con la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 sobre la defensa de los defensores de los derechos humanos, yo pido al Alto Comisionado que intervenga en esta cuestión tomando medidas que conduzcan a la absolución del Sr. Seyfzadé y la liberación inmediata de la Sra. Sotudé y el Sr. Oliaifard, y recordando al gobierno iraní sus obligaciones de acuerdo con dicha resolución”.

Abdolkarim Lahiyí, presidente de la LDDHI y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, reaccionó a la condena de Seyfzadé declarando: “por primera vez, se condena a prisión y se inhabilita para el ejercicio de su profesión a un abogado tan sólo por su labor de derechos humanos y la defensa de sus clientes. Prohibirle el ejercicio profesional atenta claramente contra la independencia del Colegio de Abogados. Sólo el Tribunal Disciplinario de la Abogacía, y no los Tribunales Revolucionarios está capacitado para emitir una sentencia de inhabilitación temporal o permanente para la abogacía”.

Ebadí y las dos organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud profunda por la sistemática persecución en curso de los defensores de los derechos humanos y sus terribles efectos en la capacidad de los abogados para proporcionar a sus clientes una defensa adecuada.

“¿Cómo puede haber nada que se parezca a un proceso con garantías judiciales para los acusados”, se pregunta Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán “cuando el abogado defensor puede terminar en la cárcel durante años, simplemente por hacer su trabajo?”.

La Campaña recibe constantes informes fiables de presos recientemente puestos en libertad en la cárcel de Vakilabad que dan cuenta de recurrentes ejecuciones repentinas de grupos enteros de reclusos. Fuentes solventes evalúan el número de presos que aguardan ser ejecutados en más de seiscientos.

El número real de personas sometidas a la pena de muerte es muy superior al anunciado oficialmente por las autoridades iraníes y recogido en los medios de prensa del país, número que Amnistía Internacional refleja en su estadística de 388 ejecutados en el año 2009. De acuerdo con los últimos informes recibidos, la última ejecución en grupo se produjo el día 12 de octubre.

Aaron Rhodes, portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, declara: “Estos informes sobre ejecuciones en Mashhad muestran que Irán está ejecutando a un número de personas dramáticamente muy superior al que hasta ahora se calculaba”. “Dada la falta de transparencia del gobierno iraní en lo relativo a las ejecuciones”, añade, “el Poder Judicial debe informar de modo exhaustivo sobre lo que sucede en el corredor de la muerte de Vakilabad”.

Las autoridades iraníes no publican estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte, los nombres de los cientos de condenados ejecutados cada año ni los crímenes de los que fueron declarados culpables. Varios ex presos en Vakilabad refieren intentos de los funcionarios por limitar la difusión de información sobre las ejecuciones colectivas.

“Los parientes, abogados y los propios presos no sólo no reciben notificación oficial de las condenas a muerte”, señala un preso liberado de la cárcel de Vakilabad, “sino que ni siquiera tienen idea de cuándo serán llevadas a cabo, y menos aún la posibilidad de asistir a la ejecución”. “Al día siguiente se entregan los cuerpos, una vez que la familia ha pagado el coste de la cuerda [empleada en el ahorcamiento].

“Cuando los funcionarios se disponen a llevar a cabo una ejecución, se cortan los teléfonos de la cárcel alrededor de las 16.00 para que nadie pueda hacer llegar la noticia al mundo exterior. Se evacúan los patios y se traslada a casi todos los presos al interior. En ese momento, todo el mundo es consciente de que tocan ejecuciones, aunque nadie sabe de quién es el turno hasta que se leen los nombres por megafonía y los guardianes se llevan a los presos de la sala”.

“Estamos inquietos porque si estas ejecuciones están realmente teniendo lugar en Mashhad”, se pregunta Rhodes, “¿habrá también otras prisiones que lleven a cabo ejecuciones secretas?”.

Las fuentes de la Campaña informan de cómo dentro de la prisión hay “delegados de celda”, reclusos también ellos mismos, a los que los funcionarios permiten asistir a los procedimientos previos a la ejecución mencionados. “Así es como salen a la luz los nombres y números de los ejecutados una vez llevadas a cabo las ejecuciones, los nombres y números de los presos se revelaron y la mayoría de los reclusos se enteran de ellos.”

Un ex preso describe la ejecución de un grupo a finales de octubre de 2009: “estaba en el pabellón 6-1 y pude contar con mis propios ojos el número de personas ejecutadas [46]. Asistí a la limpieza de los cadáveres y a la escritura de los testamentos, y después de esos procedimientos se los trasladó al lugar donde fueron ejecutados”.

Numerosos informes concuerdan en señalar que la mayoría de los reclusos que aguardan ser ejecutados han sido condenados por delitos relacionados con narcóticos. Algunos dicen haber sido obligados a hacer confesiones bajo torturas, y que sus denuncias de dichas coacciones fueron pasadas por alto por los jueces de primera instancia.

Ahmad Ghabel, estudioso de la religión crítico con el gobierno que estuvo preso en Vakilabad, declara a la Campaña: “Según mis propias cuentas en esos tres meses fueron más de cincuenta personas [los ejecutados], y si digo “más de cincuenta” es para no dar una cifra que supere en una sola persona la realidad. Tomando en consideración lo que contaban los demás y sumándolo, saldrían más”. “Me da la impresión”, añade Ghabel, “de que [los funcionarios de prisiones Vakilabad] hacen esto en silencio, evitando realizar anuncio alguno sobre las ejecuciones, para evitar un gran revuelo internacional sobre el tema”.

Tras su liberación en junio, Ghabel habló públicamente acerca de las ejecuciones secretas de Mashhad. El 8 de septiembre de 2010, al acudir a una convocatoria ante los Tribunales Revolucionarios de la ciudad de Farimán, fue detenido. Según ha declarado su esposa a la Campaña, el matrimonio cree que su detención se produjo en respuesta a sus declaraciones sobre las ejecuciones en la cárcel de Vakilabad.

En la Revisión Periódica Universal de Irán por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevada a cabo en febrero de 2010, varios estados miembros de la ONU, entre ellos Brasil, Alemania y Eslovaquia, reclamaron a Irán una moratoria sobre la pena de muerte. En diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas había expresado en la Resolución 64/176 su preocupación por “la persistencia de un alto y creciente número de ejecuciones llevadas a cabo en ausencia de medidas de garantía reconocidas internacionalmente”, y exhortó a Irán a abolir las ejecuciones públicas, la ejecución de menores, y las ejecuciones por lapidación.

Después de China, Irán es el país que ejecuta cada año un mayor número de personas, y ostenta la mayor tasa per cápita de ejecuciones. Con los gobiernos de Mahmud Ahmadineyad, el número de ejecuciones se ha elevado dramáticamente. Mientras que en 2005, año en que Ahmadineyad asumió el cargo, Irán ejecutó a 86 presos, en 2009 este número había aumentado al menos hasta 388 personas ejecutadas.

(6 de octubre de 2010) La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha reclamado hoy la liberación inmediata de cinco miembros de la asociación de antiguos alumnos Advar-e Tahkim Vahdat y una investigación detallada por parte de las autoridades iraníes y la Organización de Naciones Unidas sobre los encarcelamientos, juicios sin garantías, torturas y maltratos en las cárceles, en cumplimiento de la misión de los nuevos relatores de la ONU sobre la libertad de asociación.

Los cinco miembros de la asociación, que es una de las organizaciones civiles más respetadas del país, son Ahmad Zeidabadí, Abdollah Moomení, Alí Malihí, Alí Yamalí y Hasán Asadí Zeidabadí. La detención reciente de los dos últimos, Yamalí y Asadí Zeidabadí, es observada como una muestra de los esfuerzos por reprimir con dureza todo activismo estudiantil en el inicio del año académico.

“La detención y las torturas a los dirigentes de Advar”, ha declarado Aaron Rhodes, portavoz de la Campaña, son un intento brutal de decapitar a este constructivo grupo de la sociedad civil e infundir entre los estudiantes miedo al activismo”. “Sin embargo”, prosiguió, “este tipo de detenciones injustificadas e ilegales de dirigentes del movimiento estudiantil no sólo no apagará las reivindicaciones de libertad y reformas, sino que exacerbará las tensiones”.

Ahmad Zeidabadí ha recibido justamente este 6 de octubre en Hamburgo la Pluma de Oro de la Libertad de la Asociación Internacional de Periódicos por su defensa de la libertad de prensa y su coraje pese a la persecución sufrida (aquí, la noticia en inglés). Zeidabadí, doctor en Relaciones Internacionales y secretario general de Advar, fue inmediatamente detenido tras las controvertidas elecciones de 2009 y cumple en la actualidad una condena a seis años de prisión, que se suma a una inhabilitación perpetua para llevar a cabo actividades políticas de cualquier tipo. Zeidabadí ha sufrido un trato inhumano, sin gozar de un solo día de permiso en el año largo transcurrido, y está recluido en el penal de Rayai-Shahr, destinado a delincuentes reincidentes, drogadictos y traficantes de estupefacientes (aquí, sobre la cárcel de Rayai-Shahr en inglés).

El portavoz de Advar, Abdollah Moomení, fue detenido el 21 de junio de 2009, y cumple una condena de cuatro años y once meses de prisión. Cuando su esposa y su hermano lo visitaron en agosto de 2009, declararon que estaba tan debilitado que no podía andar por sí solo, con moratones en la cara y aturdido. El mes pasado Moomení escribió una carta abierta al Líder de Irán, el ayatolá Jameneí, sobre las torturas y maltratos sufridos en prisión (aquí, traducción inglesa).

Alí Malihí, miembro del consejo central de Advar, fue detenido el 2 de febrero de 2010 y durante meses estuvo privado de comunicación con su abogado. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por “reunión y confabulación contra el sistema político”, “difusión de propaganda contra el sistema político”, “participación en concentraciones ilegales”, “publicación de falsedades” e “insultos al presidente”, sentencia recurrida ante el tribunal de apelación. Según su familia, ha sido víctima de graves torturas.

La detención en agosto de 2010 de otros miembros activos del consejo central de Advar pretende poner fin a las actividades de esta asociación antes del inicio del año académico, y es parte de una política global de desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Alí Yamalí fue detenido el pasado 22 de agosto, tras ser objeto de amenazas y una citación por parte de agentes de inteligencia. De acuerdo con los informes recibidos, está recluido en régimen de aislamiento. Las acusaciones vertidas contra él incluyen la publicación de comunicados y la exposición de las posiciones de Advar.

Hasán Asadí Zeidabadí fue detenido también el 22 de agosto en su domicilio, tomado al asalto por fuerzas de seguridad. Se le acusa de “reunión y confabulación contra el sistema político”, “agitación de la opinión pública” y “difusión de propaganda contra el sistema político”. En la actualidad está retenido en el sector 240 de la prisión de Evín.

La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán insta a la judicatura iraní a que abra investigaciones sobre el informe de Abdollah Moomení sobre las torturas y malos tratos físicos y psicológicos sufridos por él en la cárcel, así como sobre los indicios de comportamientos improcedentes, inhumanos e ilegales por parte de los interrogadores y jueces en las detenciones, enjuiciamientos y condenas de otros miembros de Advar.

La Campaña también insta al nuevo relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, designado por el Consejo de Derechos Humanos en su 15ª reunión, a que estudie la persecución y el enjuiciamiento de los miembros de Advar como una violación flagrante de la obligación de hacer respetar la Libertad de Asociación contraída por Irán como Estado firmante de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El comunicado publicado alerta sobre la aplicación de toda una serie de medidas para privar a los iraníes, y en particular a los críticos con las autoridades, de un acceso adecuado a representación legal competente, es decir, a un derecho fundamental, y un criterio elemental de cumplimiento de las garantías procesales. La detención de Sotudé es una de dichas medidas.

Nasrín Sotudé, madre de dos hijos de corta edad, ha ejercido la defensa de numerosos activistas pro derechos humanos y activistas políticos muy reconocidos, como el periodista Isá Saharjiz o Heshmatollah Tabarzadí, líder del prohibido Frente Democrático de Irán. Tras la detención de Sotudé, los dos han recibido sendas condenas a años de cárcel. La letrada ha sido también abogada defensora de jóvenes en peligro de ser condenados a muerte por crímenes cometidos siendo menores de edad, así como de la propia Shirín Ebadí, en varias ocasiones.

Nasrín Sotudé está retenida en la cárcel de Evín desde el día 4 de septiembre, cuando acudió a la citación judicial en el tribunal construido dentro de dicha prisión teheraní. Desde entonces, tan sólo se le ha permitido realizar tres llamadas telefónicas: dos a su domicilio y una tercera a su abogado, pero aún no se ha autorizado que reciba visitas de su familia ni de su representante legal.

Los motivos exactos de su detención se desconocen todavía, pero en su convocatoria ante el tribunal figuran “propaganda contra el sistema político” y “reunión y confabulación con objeto de atentar contra la seguridad del Estado”. Estas vagas imputaciones aluden l contenido de varios artículos del Código Penal Islámico de Irán relativos a la “seguridad nacional” que criminaliza las actividades que no son más que el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Estas estipulaciones han sido utilizadas previamente para enjuiciar a los abogados por declaraciones y actividades en defensa de sus clientes.

Estos cargos, en su vaguedad, aluden a varios artículos del Código Penal Islámico de Irán relacionados con la seguridad nacional que criminalizan actividades consistentes tan sólo en un ejercicio pacífico de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión. Anteriormente se ha recurrido ya a ellos para perseguir a abogados, por afirmaciones y actividades realizadas en defensa de sus clientes.

Nasrín Sotudé había recibido con anterioridad advertencias para que dejara de representar a Shirín Ebadí si no quería sufrir represalias. Tras su detención, su marido Reza Jandán y su propia abogada Nasim Ghanaví han recibido a su vez “indicaciones” similares de no hablar públicamente sobre el calvario al que se ven sometidos. Reza Jandán ha sido incluso requerido ante la Sala 1 de los Tribunales de la Revolución para un interrogatorio descrito por él mismo como “una serie de amenazas”.

Los últimos meses han sido el escenario de una intensificación en la persecución de los abogados defensores. Mohammad Oliaifard, letrado y miembro de la junta directiva del Comité para la Defensa de los Presos Políticos de Irán, una organización de derechos humanos, cumple en la actualidad una condena a un año de prisión impuesta por hablar en contra de la ejecución de uno de sus clientes en entrevistas con medios de comunicación internacionales. Su cliente, Behnud Shoyaí, fue ahorcado por un asesinato que cometió cuando tenía 17 años de edad. Mohammad Oliaifard ha defendido a muchos presos de conciencia, entre los cuales se cuentan tanto sindicalistas independientes como delincuentes menores. Su abogado es Nasrín Sotudé.

Otros dos abogados, ambos compañeros de Shirín Ebadí en la ONG Centro de Defensores de los Derechos Humanos (CDDH), en cuya fundación colaboraron, corren también riesgo de ser represaliados por su labor humanitaria. Los dos, Abdolfattah Soltaní y Mohammad Alí Dadjah, fueron arrestados tras las controvertidas elecciones de junio de 2009. Aunque fueron liberados bajo fianza, ambos tienen causas judiciales pendientes con imputaciones igualmente vagas que podrían resultar en su encarcelamiento y finalmente en su inhabilitación profesional. El destacado abogado Mohammad Seyfzadé, igualmente miembro fundador del CDDH, se enfrenta a un proceso judicial por “constituir una asociación… con fin de atentar contra la seguridad nacional” y “pertenencia a asociación con fin de atentar contra la seguridad nacional”, siendo la mentada asociación el CDDH. En 2009 se le prohibió salir del país, al igual que al profesor Hadí Esmailzadé, también miembro del CDDH.

Las autoridades recurren a más métodos que impiden a los abogados ejercer su profesión libremente, entre los que se cuentan investigaciones fiscales sin fundamento en virtud de las cuales son congeladas las cuentas bancarias y los bienes de los abogados, y que son susceptibles también de terminar con su inhabilitación. La misma Shirín Ebadí ha sufrido también este tipo de medidas de presión al congelar las autoridades de manera ilegal la cuenta bancaria en que estaban depositado el metálico de su premio Nobel. También fue víctima de las mismas medidas Nasrín Sotudé, quien antes de su detención descubrió que no sólo se estaban investigando sus asuntos financieros sino que el número de abogados contra los que se estaban fabricando causas de irregularidades fiscales alcanzaba la treintena.

Al mismo tiempo, las autoridades llevan años tratando de limitar la independencia del Colegio de Abogados iraní vetando candidaturas a la elección para puestos directivos con criterios discriminatorios como las opiniones políticas presuntas de los candidatos o las actividades pacíficas pro derechos humanos de los mismos. Así en 2008, por ejemplo, se prohibió a Mohammad Dadjah, Hadí Esmailzadé, Fatemé Gheyrat y Abdolfattah Soltaní (todos ellos miembros del CDDH) presentarse a las elecciones a la Junta de Gobierno a causa de sus actividades como defensores de los derechos humanos.

En junio de 2009, menos de una semana después de las controvertidas elecciones presidenciales, se adoptó una normativa sustitutoria de la ley que desde 1995 regulaba la independencia del Colegio de Abogados, por la cual se atribuía al Poder Judicial la facultad de aprobar o no las adhesiones al Colegio y el control de la gestión de las solicitudes de licencias de abogacía, lo que socava la independencia del la profesión. A raíz de la oposición del Colegio y de un número de abogados a título individual, en julio de 2009 se anunció la suspensión de la entrada en aplicación de dicha normativa durante seis meses. Se cree que desde entonces la nueva norma permanece en suspenso, pero en cualquier momento podría ser aplicada.

Desde las elecciones presidenciales, Shirín Ebadí no ha regresado a Irán, ya que no podría proseguir con su labor pro derechos humanos. Otros abogados se han visto obligados a exiliarse por su propia seguridad. Shadí Sadr abandonó el país después de permanecer 11 días detenida en julio de 2009. Mohammad Mostafaí también se vio obligado a huir en julio de 2010 tras implicarse en la defensa de Sakiné Mohammadí Ashtianí, una mujer condenada a ser lapidada, implicación que llevó a las autoridades a tratar de arrestarlo y detener en su lugar a su esposa y cuñado.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que el Estado iraní ha adherido, establece el derecho de los acusados a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establece que los abogados deben poder llevar a cabo su trabajo “sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. Además, se afirma el derecho de los abogados a la libertad de expresión, también prevista en el artículo 19 del PIDCP, que incluye “el derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la ley, la administración de la justicia y la promoción y protección de los derechos humanos”.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de abogados y jueces no ha sido autorizado a visitar el país, a pesar de la invitación permanente formulada por Irán en 2002 a todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde agosto de 2005, a ningún experto de derechos humanos de Naciones Unidas se le ha permitido llevar a cabo una visita a Irán. En la actualidad hay pendientes ocho solicitudes de visita que aún no han sido aceptadas por las autoridades iraníes.

“En mi calidad de defensora en el pasado de numerosos presos de conciencia, como los siete líderes bahaíes encarcelados y otros”, afirmó Shirín Ebadí en la presentación del comunicado, “si volviese a Irán, aún en el caso de no ser detenida, me enfrentaría a restricciones inaceptables para ejercer mi labor en pro de los derechos humanos”. “Ahora mi propia abogada, que representa también a muchos otros activistas, se encuentra detenida y su abogado ha sido amenazado con ser arrestado por defenderla. ¿Dónde está la justicia si tu propio abogado es arrestado por defenderte?”.

Los organizaciones declararon que al penalizar a los abogados por su propia libertad para ejercer su trabajo, las autoridades están socavando aún más un sistema de justicia ya muy deficiente. Con algunos abogados tras las rejas y otros amenazados, sus clientes, ellos mismos víctimas en su mayoría de violaciones de sus derechos humanos, quedan indefensos y a merced de las autoridades.