(1 de octubre de 2010) La premio Nobel de la Paz y abogada iraní Shirín Ebadí, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Liga de Irán para la Defensa de los Derechos Humanos (LDDHI), la Union Internationale des Avocats (UIA) y la Organización Mundial Contra la Tortura han condenado este último viernes la prolongada detención en Irán sin juicio ni cargos imputados de la abogada de derechos humanos Nasrín Sotudé, y han pedido su liberación inmediata e incondicional, por haber sido encarcelada únicamente en razón de su labor en la defensa de terceras personas.

El comunicado publicado alerta sobre la aplicación de toda una serie de medidas para privar a los iraníes, y en particular a los críticos con las autoridades, de un acceso adecuado a representación legal competente, es decir, a un derecho fundamental, y un criterio elemental de cumplimiento de las garantías procesales. La detención de Sotudé es una de dichas medidas.

Nasrín Sotudé, madre de dos hijos de corta edad, ha ejercido la defensa de numerosos activistas pro derechos humanos y activistas políticos muy reconocidos, como el periodista Isá Saharjiz o Heshmatollah Tabarzadí, líder del prohibido Frente Democrático de Irán. Tras la detención de Sotudé, los dos han recibido sendas condenas a años de cárcel. La letrada ha sido también abogada defensora de jóvenes en peligro de ser condenados a muerte por crímenes cometidos siendo menores de edad, así como de la propia Shirín Ebadí, en varias ocasiones.

Nasrín Sotudé está retenida en la cárcel de Evín desde el día 4 de septiembre, cuando acudió a la citación judicial en el tribunal construido dentro de dicha prisión teheraní. Desde entonces, tan sólo se le ha permitido realizar tres llamadas telefónicas: dos a su domicilio y una tercera a su abogado, pero aún no se ha autorizado que reciba visitas de su familia ni de su representante legal.

Los motivos exactos de su detención se desconocen todavía, pero en su convocatoria ante el tribunal figuran “propaganda contra el sistema político” y “reunión y confabulación con objeto de atentar contra la seguridad del Estado”. Estas vagas imputaciones aluden l contenido de varios artículos del Código Penal Islámico de Irán relativos a la “seguridad nacional” que criminaliza las actividades que no son más que el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Estas estipulaciones han sido utilizadas previamente para enjuiciar a los abogados por declaraciones y actividades en defensa de sus clientes.

Estos cargos, en su vaguedad, aluden a varios artículos del Código Penal Islámico de Irán relacionados con la seguridad nacional que criminalizan actividades consistentes tan sólo en un ejercicio pacífico de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión. Anteriormente se ha recurrido ya a ellos para perseguir a abogados, por afirmaciones y actividades realizadas en defensa de sus clientes.

Nasrín Sotudé había recibido con anterioridad advertencias para que dejara de representar a Shirín Ebadí si no quería sufrir represalias. Tras su detención, su marido Reza Jandán y su propia abogada Nasim Ghanaví han recibido a su vez “indicaciones” similares de no hablar públicamente sobre el calvario al que se ven sometidos. Reza Jandán ha sido incluso requerido ante la Sala 1 de los Tribunales de la Revolución para un interrogatorio descrito por él mismo como “una serie de amenazas”.

Los últimos meses han sido el escenario de una intensificación en la persecución de los abogados defensores. Mohammad Oliaifard, letrado y miembro de la junta directiva del Comité para la Defensa de los Presos Políticos de Irán, una organización de derechos humanos, cumple en la actualidad una condena a un año de prisión impuesta por hablar en contra de la ejecución de uno de sus clientes en entrevistas con medios de comunicación internacionales. Su cliente, Behnud Shoyaí, fue ahorcado por un asesinato que cometió cuando tenía 17 años de edad. Mohammad Oliaifard ha defendido a muchos presos de conciencia, entre los cuales se cuentan tanto sindicalistas independientes como delincuentes menores. Su abogado es Nasrín Sotudé.

Otros dos abogados, ambos compañeros de Shirín Ebadí en la ONG Centro de Defensores de los Derechos Humanos (CDDH), en cuya fundación colaboraron, corren también riesgo de ser represaliados por su labor humanitaria. Los dos, Abdolfattah Soltaní y Mohammad Alí Dadjah, fueron arrestados tras las controvertidas elecciones de junio de 2009. Aunque fueron liberados bajo fianza, ambos tienen causas judiciales pendientes con imputaciones igualmente vagas que podrían resultar en su encarcelamiento y finalmente en su inhabilitación profesional. El destacado abogado Mohammad Seyfzadé, igualmente miembro fundador del CDDH, se enfrenta a un proceso judicial por “constituir una asociación… con fin de atentar contra la seguridad nacional” y “pertenencia a asociación con fin de atentar contra la seguridad nacional”, siendo la mentada asociación el CDDH. En 2009 se le prohibió salir del país, al igual que al profesor Hadí Esmailzadé, también miembro del CDDH.

Las autoridades recurren a más métodos que impiden a los abogados ejercer su profesión libremente, entre los que se cuentan investigaciones fiscales sin fundamento en virtud de las cuales son congeladas las cuentas bancarias y los bienes de los abogados, y que son susceptibles también de terminar con su inhabilitación. La misma Shirín Ebadí ha sufrido también este tipo de medidas de presión al congelar las autoridades de manera ilegal la cuenta bancaria en que estaban depositado el metálico de su premio Nobel. También fue víctima de las mismas medidas Nasrín Sotudé, quien antes de su detención descubrió que no sólo se estaban investigando sus asuntos financieros sino que el número de abogados contra los que se estaban fabricando causas de irregularidades fiscales alcanzaba la treintena.

Al mismo tiempo, las autoridades llevan años tratando de limitar la independencia del Colegio de Abogados iraní vetando candidaturas a la elección para puestos directivos con criterios discriminatorios como las opiniones políticas presuntas de los candidatos o las actividades pacíficas pro derechos humanos de los mismos. Así en 2008, por ejemplo, se prohibió a Mohammad Dadjah, Hadí Esmailzadé, Fatemé Gheyrat y Abdolfattah Soltaní (todos ellos miembros del CDDH) presentarse a las elecciones a la Junta de Gobierno a causa de sus actividades como defensores de los derechos humanos.

En junio de 2009, menos de una semana después de las controvertidas elecciones presidenciales, se adoptó una normativa sustitutoria de la ley que desde 1995 regulaba la independencia del Colegio de Abogados, por la cual se atribuía al Poder Judicial la facultad de aprobar o no las adhesiones al Colegio y el control de la gestión de las solicitudes de licencias de abogacía, lo que socava la independencia del la profesión. A raíz de la oposición del Colegio y de un número de abogados a título individual, en julio de 2009 se anunció la suspensión de la entrada en aplicación de dicha normativa durante seis meses. Se cree que desde entonces la nueva norma permanece en suspenso, pero en cualquier momento podría ser aplicada.

Desde las elecciones presidenciales, Shirín Ebadí no ha regresado a Irán, ya que no podría proseguir con su labor pro derechos humanos. Otros abogados se han visto obligados a exiliarse por su propia seguridad. Shadí Sadr abandonó el país después de permanecer 11 días detenida en julio de 2009. Mohammad Mostafaí también se vio obligado a huir en julio de 2010 tras implicarse en la defensa de Sakiné Mohammadí Ashtianí, una mujer condenada a ser lapidada, implicación que llevó a las autoridades a tratar de arrestarlo y detener en su lugar a su esposa y cuñado.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que el Estado iraní ha adherido, establece el derecho de los acusados a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establece que los abogados deben poder llevar a cabo su trabajo “sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. Además, se afirma el derecho de los abogados a la libertad de expresión, también prevista en el artículo 19 del PIDCP, que incluye “el derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la ley, la administración de la justicia y la promoción y protección de los derechos humanos”.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de abogados y jueces no ha sido autorizado a visitar el país, a pesar de la invitación permanente formulada por Irán en 2002 a todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde agosto de 2005, a ningún experto de derechos humanos de Naciones Unidas se le ha permitido llevar a cabo una visita a Irán. En la actualidad hay pendientes ocho solicitudes de visita que aún no han sido aceptadas por las autoridades iraníes.

“En mi calidad de defensora en el pasado de numerosos presos de conciencia, como los siete líderes bahaíes encarcelados y otros”, afirmó Shirín Ebadí en la presentación del comunicado, “si volviese a Irán, aún en el caso de no ser detenida, me enfrentaría a restricciones inaceptables para ejercer mi labor en pro de los derechos humanos”. “Ahora mi propia abogada, que representa también a muchos otros activistas, se encuentra detenida y su abogado ha sido amenazado con ser arrestado por defenderla. ¿Dónde está la justicia si tu propio abogado es arrestado por defenderte?”.

Los organizaciones declararon que al penalizar a los abogados por su propia libertad para ejercer su trabajo, las autoridades están socavando aún más un sistema de justicia ya muy deficiente. Con algunos abogados tras las rejas y otros amenazados, sus clientes, ellos mismos víctimas en su mayoría de violaciones de sus derechos humanos, quedan indefensos y a merced de las autoridades.