Activistas pro derechos de la mujer condenadas y abogados cada vez más perseguidos

(1 de septiembre de 2010) La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha informado hoy de que las autoridades de la República Islámica de Irán continúan deteniendo y encarcelando a activistas de la sociedad civil, al tiempo que persiguen y enjuician a abogados independientes.

“Encarcelados ya, o forzados a exiliarse la mayoría de activistas y abogados iraníes de derechos humanos”, ha dicho el portavoz de la Campaña Aaron Rhodes, “los compañeros de estos que quedan están siendo atacados de modo sistemático por el gobierno de Mahmud Ahmadineyad”.

Shirín Ebadí, premio Nobel de la Paz en 2003, ha declarado a la Campaña: “la falta de independencia del Poder Judicial se traduce en la persecución de los abogados. Si analizamos la actuación de la Judicatura durante el pasado año, vemos que todos los abogados defensores de los presos políticos han sido tomados como objetivo“.

Ebadí puso los ejemplos del encarcelamiento y posterior liberación bajo sendas cuantiosas fianzas de los prominentes abogados Mohammad Alí Dadjah y Abdolfattah Soltaní, y de la situación de Mohammad Seifzadé, a la espera de juicio; de Mohammad Oliaifar, que cumple una sentencia de un año de prisión; y de Shadí Sadr y Mohammad Mostafaí, que se han visto obligados a exiliarse.

Dos miembros de la campaña Un Millón de Firmas por la igualdad jurídica entre hombres y mujeres han sido encarcelados: Fatemé Masyedí y Maryam Bidgolí. El día 22 de agosto, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención arbitraria de los jóvenes abogados pro derechos humanos Hasán Asadí Zeidabadí y Alí Yamalí. La destacada abogada Nasrín Sotudé ha sido convocada, y sus activos han sido congelados.

En una entrevista concedida a la Campaña, Sotudé ha identificado un nuevo método de las autoridades para acosar a los abogados de derechos humanos, consistente en formular acusaciones infundadas sobre sus pagos de impuestos.

“Fui remitida a la oficina de impuestos”, declaró Sotudé, “y allí me di cuenta de que además de mi nombre, figuraba el de treinta abogados de derechos humanos a los que se estaba investigando”. La abogada señala que cuando los abogados de derechos humanos se ocupan de casos de forma desinteresada, las autoridades les imponen tributos fiscales injustificados para enjuiciarlos.

Sotudé expresó su convencimiento de que estas medidas tienen por objeto acabar con toda defensa jurídica por parte de la comunidad de derechos humanos. “La única institución capaz de defender a los abogados es el Colegio de Abogados, pero las autoridades están ejerciendo enormes presiones para que éste se incorpore al Poder Judicial y acabar así con su independencia”.

Con la detención de Alí Yamalí y Hasán Asadí Zeidabadí, han quedado detenidos (de modo arbitrario) casi todos los miembros del Consejo Central de Advar, organización de antiguos estudiantes dedicada a la promoción de los derechos humanos y la mejora social. Advar es un grupo de jóvenes ciudadanos iraníes dedicados a promover el bienestar del pueblo de Irán, grupo comprometido además con los métodos pacíficos y la no violencia en su promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos iraníes. La Campaña no tiene conocimiento de ningún elemento de prueba que justifique el procesamiento de los miembros de este grupo, y de hecho no se ha presentado ninguna prueba en los juicios en que han sido condenados miembros de la asociación. Las detenciones y enjuiciamiento de los miembros de Advar están por tanto motivados políticamente y contravienen las leyes iraníes e internacionales.

La web Change for Equality ha informado de la condena a sendas penas de un año de prisión de las activistas pro derechos de las mujeres, miembros de la campaña Un Millón de Firmas, Maryam Bidgolí y Fatemé Masyedí, por los cargos de “propaganda contra el Estado a través de la recopilación de firmas para cambiar leyes discriminatorias y la publicación de materiales en apoyo a un grupo feminista (Campaña) que trabaja como oposición al sistema político”. Ambas mujeres negaron los cargos en el juicio, celebrado en la Sala Segunda de los Tribunales Revolucionarios de Qom, explicando que las actividades de la campaña Un Millón de Firmas no violan ninguna ley iraní. Mina Yaafarí y Mahnaz Parakand, abogadas que representan a defensoras de los derechos humanos, tienen intención de apelar el veredicto.

La Campaña manifiesta su honda preocupación por los abusos cometidos por las autoridades iraníes con su poder judicial contra la comunidad de derechos humanos y los activistas de la sociedad civil.