Exigir responsabilidades a los violadores de los derechos humanos – La Campaña hace un llamamiento para que se les impida viajar y se les apliquen sanciones financieras

Para descargar el estudio, pulse en la imagen (PDF en inglés)

(2 de junio de 2010) Al acercarse el primer aniversario de las controvertidas elecciones de junio de 2009, y después de un año de violencia y represión sin precedentes en Irán, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha publicado hoy un informe con los nombres de quince altos funcionarios responsables de la brutal represión contra los activistas de la sociedad civil y manifestantes pacíficos.

El informe de 36 páginas, titulado Los hombres de la Violencia: los autores de la represión post electoral, ofrece perfiles detallados de quince directivos estatales que, o bien pusieron en práctica brutales políticas represivas, o bien instigaron y promovieron la violencia contra los manifestantes. El informe está en la página web de la Campaña tanto en versión multimedia como en formatos imprimibles (inglés): http://www.iranhumanrights.org/men-of-violence/

“Después de todo un año de extraordinaria represión, no se han exigido responsabilidades a nadie por la extrema violencia ejercida contra los ciudadanos iraníes. Es hora de alzar la voz y defender los derechos de los iraníes y las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones”, dijo al presentar el informe Hadi Ghaemí, el portavoz de la Campaña.

El Poder Judicial iraní, que ha actuado con celeridad para enjuiciar a disidentes y manifestantes por vías manifiestamente abusivas, no ha tomado sin embargo ninguna medida para identificar y castigar a los perpetradores de atrocidades cometidas a gran escala.

De acuerdo con las cifras del propio Gobierno, murieron en las calles durante el año pasado al menos 48 manifestantes, así como cuatro detenidos que fueron asesinados bajo tortura en el centro de detención de Kahrizak. Según los defensores iraníes de los derechos humanos, el número de muertos es mucho mayor, pero el gobierno ha intimidado a las familias de los muertos para evitar que se publiquen sus nombres.

La campaña hace un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los países a los que resulta previsible que viajen los quince violadores de derechos humanos mencionados en el informe o donde mantienen activos financieros, para que les veten la entrada y congelen dichos activos. Estos países podrían incluir en particular a estados miembros de la Unión Europea, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Malasia.

“Exigiendo responsabilidades en la escena internacional a los violadores de derechos humanos se enviaría a las autoridades iraníes el claro mensaje de que estas personas no son bien recibidas en el extranjero y de que a pesar de su impunidad ilimitada dentro de Irán, en todo el mundo se los conoce por sus atrocidades y no podrán evitar indefinidamente ser castigados por sus crímenes”, dijo Ghaemí.

A lo largo de este violento proceso de represión, varios funcionarios de alto nivel pertenecientes a los servicios de seguridad e inteligencia y a los órganos judiciales, emergen como responsables de la aplicación de estas políticas. La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán pide una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de cuantos desempeñaron algún papel en la violenta represión, ya sean responsables por sus propios actos o por los de sus subordinados. Otras personas fueron relevantes a la hora de provocar, extender y alentar la violencia. En su informe, la Campaña presenta a algunos de los principales autores y promotores de la violencia. El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Alí Jameneí, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, y de autoridad máxima con plenos poderes sobre el Poder Judicial y los servicios de seguridad e inteligencia, tiene la obligación de ordenar la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.

El número de personas que debieran aparecer en la siguiente lista es sin duda muy superior al de las quince reseñadas, identificadas por la Campaña a lo largo de sus progresivas indagaciones. La Campaña se compromete a proseguir con sus pesquisas para identificar y presentar a más personas implicadas. Las quince mencionadas en el informe son:

1. Hosein Taeb, comandante del Basidch en el momento de las elecciones. Las fuerzas bajo su mando estuvieron involucradas en las palizas a la gente y el asesinato, detención y tortura de manifestantes pacíficos.

2. Gholam Hosein Mohsení Eyeí, Ministro de Inteligencia en el momento de la elección y actual Fiscal General del país. Los agentes de inteligencia bajo su mando fueron responsables de la detención, tortura, y extracción bajo coacción de falsas confesiones a cientos de activistas, periodistas, disidentes y políticos reformistas.

3. Esmaíl Ahmadí Moqaddam, jefe de la Policía iraní. Las fuerzas bajo el mando de Moqaddam llevaron a cabo brutales ataques contra protestas pacíficas, ataques a la propiedad privada, destrucción de la misma y un violento ataque nocturno a los dormitorios de la Universidad de Teherán.

4. Saíd Mortazaví, Fiscal General de Teherán en el momento de la elección, emitió una orden general de detención utilizada para detener a cientos de activistas, periodistas y estudiantes. En algunos casos, las ordenes de detención en blanco firmadas por él estaban fechadas dos días antes de las elecciones del 12 de junio. Es también responsable del envío de manifestantes detenidos en la calle al centro de detención de Kahrizak, donde fueron torturados y maltratados, con el resultado de cuatro muertes.

5. Sadeq Mahsulí, ministro del Interior de la República Islámica de Irán en el momento de las elecciones. Como ministro del Interior, Mahsulí tenía autoridad sobre todas las fuerzas policiales y agentes de seguridad del Ministerio, incluidos agentes vestidos de paisano. Sus fuerzas fueron responsables de ataques a los dormitorios de la Universidad de Teherán el 15 de junio de 2009.

6. Juez Abolqasem Salavatí, jefe de la sala 15ª de los Tribunales de la Revolución Islámica. Fue uno de los tres jueces a cargo de los juicios espectáculo post electorales. Ha condenado a más de un centenar de presos políticos, activistas de derechos humanos y manifestantes pacíficos a largas penas de prisión, y ha dictado también al menos nueve sentencias a la pena capital, ganándose el apodo de “Juez de la Muerte”.

7. Seyed Hasán Firuzabadí, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, la mayor autoridad militar del país, responsable de la dirección de todos los cuerpos militares, incluidos la Guardia Revolucionaria (Pasdarán) y las fuerzas de seguridad policial. Las fuerzas bajo su mando llevaron a cabo una brutal represión de manifestaciones pacíficas, con detenciones masivas.

8. Mohammad Alí Yaafarí, Comandante de la Guardia Revolucionaria. Las fuerzas bajo su mando fueron directamente responsables de una parte significativa de la violencia que siguió a las elecciones, así como de las detenciones de figuras políticas reformistas, activistas y periodistas.

9. Juez Mohammad Moqisé, Jefe de la Sala 28ª de los Tribunales de la Revolución Islámica. Ha estado a cargo de los casos de muchos activistas y manifestantes detenidos después de las elecciones de junio de 2009. No sólo ha emitido largas penas de prisión sobre la base de acusaciones infundadas, sino que además ha emitido al menos tres sentencias de muerte para manifestantes.

10. Ayatolá Ahmad Yannatí, secretario general del Consejo de Guardianes. Después de las elecciones presidenciales de 12 de junio, Yannatí ha hecho llamamientos sin tapujos a la violencia y ha reclamado la aplicación de la pena de muerte para los participantes en las manifestaciones post electorales, observándose en este sentido una plena coorinación de sus discursos con los Pasdarán y las fuerzas de seguridad. En repetidas ocasiones ha calificado a los manifestantes de mohareb (“enemigos de Dios”), cargo que conlleva la pena capital. Yannatí ha pedido insistentemente al Poder Judicial iraní la condena a muerte para los manifestantes, y ha manifestado su apoyo cuando se han llevado a cabo ejecuciones.

11. Ayatolá Mohammad Taqí Mesbah Yazdí, miembro de la Asamblea de Expertos y director del Instituto de Enseñanza e Investigación Imam Jomeiní de Qom. Durante la última década, ha llegado ser conocido como el “teórico de la violencia” por su descarada promoción y defensa de la violencia patrocinada por el Estado contra los disidentes. Sus declaraciones incendiarias han desempeñado un papel considerable en la instigación de violaciones de derechos humanos y violencia contra manifestantes que contestaban pacíficamente los resultados electorales.

12. Yadollah Yavaní, jefe de la Oficina Política de la Guardia Revolucionaria. Ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo al uso de la violencia y a la dureza en los interrogatorios a los participantes en las protestas post electorales. Las declaraciones de Yavaní han constituido la base para las imputaciones a los manifestantes, y se han traducido en toma a cargo de los interrogatorios por agentes de la Guardia Revolucionaria y en la obtención por la fuerza de confesiones falsas.

13. Ruhollah Hoseinián, miembro del Parlamento, ha incitado a la violencia de manera continuada y exigido la pena de muerte para los descontentos. Fue el inspirador y líder de un grupo de 36 parlamentarios que presentó en el Parlamento un proyecto de ley urgente para reducir, en el caso de los acusados de moharebé (enemistad contra Dios), a sólo cinco días el plazo para recurrir las sentencias de muerte antes de ser ejecutadas. La medida fue explícitamente justificada como un medio para acelerar la aplicación de las condenas a muerte dictadas para los participantes en manifestaciones después de las elecciones.

14. Alí Saidí, representante del Líder Supremo en la Guardia Revolucionaria. Saidí defendió con vehemencia el papel de los Pasdarán en la represión tras las elecciones y su uso de la violencia contra los ciudadanos, lo que lo convirtió en una de las más altas autoridades de la República Islámica que hayan apoyado la acción de los aparatos de seguridad e inteligencia, facilitándoles así la continuidad de sus actividades.

15. Hosein Shariatmadarí, director editorial del diario Keyhán, fue uno de los primeros en acusar a los candidatos reformistas a la Presidencia de la República de tramar una “revolución de terciopelo” durante el recuento de votos de las elecciones presidenciales de junio, y tuvo un papel determinante en la promoción de la violencia contra los manifestantes. La idea de revolución de terciopelo de Shariatmadarí  se convirtió rápidamente en parte de la retórica más frecuentemente utilizada por la Guardia Revolucionaria, el Ministerio de Inteligencia, el Basidch y las fuerzas de seguridad para perseguir a los manifestantes después de las elecciones.