Llamada al Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que inste la suspensión de las ejecuciones

(28 de junio de 2010) El Poder Judicial iraní debe suspender de inmediato todas las penas de ejecución de prisioneros políticos y poner en marcha una revisión exhaustiva e independiente de dichos casos, según ha reclamado hoy la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán.

La presa política kurda Zeynab Yalalián, de 27 años de edad, corre riesgo de ser ahorcada de manera inminente, al haber llegado su caso a la fase final de ejecución. Además de Yalalián, al menos quince presos políticos kurdos más se encuentran en el corredor de la muerte.

“Apelamos al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, para que intervenga en este caso y haga cuanto esté en su mano para detener la ejecución de Zeynab”, dijo Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades iraníes”, continuó Ghaemí, “para que pongan fin a lo que parece ser un exterminio sistemático de cuantos presos políticos kurdos hay en Irán”.

La oficina del Alto Comisionado es uno de los únicos agentes internacionales que mantienen contacto con funcionarios del gobierno iraní a propósito de la situación en materia de derechos humanos. La Campaña considera que la intervención del Alto Comisionado en relación con las sentencias de muerte a presos políticos es crucial para mover al Poder Judicial de Irán a asumir su responsabilidad y poner fin a estas injustas condenas.

Cuatro presos políticos kurdos, incluidos tres maestros y el trabajador social Farzad Kamangar, fueron ejecutados el 09 de mayo junto con un quinto hombre. Al menos 15 presos políticos kurdos más han sido sentenciados a muerte en Irán.

Yalalián, acusada de estar vinculada a grupos de oposición kurdos, fue condenada a muerte por moharebé, o “enemistad contra Dios”, en enero de 2009. En noviembre del mismo año, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Irán. Según información a que ha tenido acceso la Campaña, el procesamiento de Yalalián no proporcionó ninguna prueba de su participación en actividades armadas contra el Estado, base jurídica, según el derecho iraní, de toda acusación de moharebé.

Jalil Bahramián y Mohammad Sharif, dos destacados abogados especializados en derechos humanos, han intentado representar a Yalalián, pero las autoridades les han hacerse cargo del caso.

Yalalián se encuentra actualmente en el sector 209 de la prisión teheraní de Evín, administrada por el Ministerio de Información. En un principio, la presa política kurda había sido recluida en la cárcel de Kermanshah, en el oeste de Irán, pero según ha podido averiguar la Campaña, en marzo de 2010 fue sacada de dicha cárcel por agentes sin identificar, y trasladada sin que hubiera para ello justificación legal alguna. La Campaña está muy preocupada de que durante ese período pudiera haber sido víctima de abusos sexuales.

“Todo el caso presenta tal cúmulo de irregularidades”, expuso Ghaemí, “que las autoridades tienen la obligación de investigar sin demora las circunstancias de su detención y revisar el juicio. La vida de una mujer joven pende de un hilo, y su ejecución habría de ser interpretada como un nuevo asesinato a sangre fría sancionado por el Estado”.

Los otros 15 presos políticos kurdos condenados a muerte son: Habibollah Latifí, Shirkú Moarrefí, Hosein Jazrí, Rostam Arkia, Mostafá Salimí, Anvar Rostamí, Rashid Ajkandí, Mohammad Amín Agushí, Ahmad Puladjaní, Seyed Sami Hoseiní, Seyed Yamal Mohammadí, Hasán Taleí, Iradch Mohammadí, Mohammad Amín Abdollahí y Qader Mohammadzadé.

A lo largo del último año, los abogados de presos políticos han sido objeto de amenazas e intimidaciones para que desistan de la defensa de sus clientes. Al parecer, el Ministerio iraní de Inteligencia y el Poder Judicial tratan de evitar la difusión de información sobre esos prisioneros, a fin de llevar a cabo las condenas a muerte en secreto y evadir toda responsabilidad.