Cinco personas ahorcadas en secreto y veintisiete más expuestas a la soga

(9 de mayo de 2010) El repentino ahorcamiento hoy de cinco presos políticos iraníes parece poner de manifiesto una política gubernamental consistente en apoyarse en ejecuciones para reforzar su posición frente a la oposición interna mediante la intimidación y el homicidio, según informa hoy la Campaña por los Derechos Humanos en Irán.

La Campaña ha condenado la ejecución de cinco presos políticos entre los que se cuentan Farzad Kamangar, profesor y asistente social de 34 años imputado con el cargo de moharebé (alzamiento en armas contra Dios), condenado y sentenciado a muerte en febrero de 2008 tras un juicio de siete minutos de duración en que no se presentó ningún elemento de prueba. Las otras cuatro personas ejecutadas son Shirín Alam-Howlí, Farhad Vakilí, Alí Heydarián y Mehdí Eslamián.

“A Kamangar”, denuncia Aaron Rhodes, portavoz de la Campaña, “lo detuvieron de manera arbitraria y orquestaron su muerte en un juicio farsa sin darle oportunidad de presentar una defensa”. “Estas ejecuciones en secreto”, prosigue Rhodes, “no son en realidad sino meros asesinatos con el beneplácito del Estado que aportan nuevas muestras del impúdico desprecio de la República Islámica por los estándares internacionales de derechos humanos”.

El abogado de Kamangar, Jalil Bahramián, ha dicho a la Campaña sentirse estupefacto, dado que las autoridades judiciales habían asegurado a su cliente y a él mismo que los cargos presentados contra Kamangar carecían de base alguna, y que no corría ya peligro de ejecución. Bahramián manifestó su desconcierto ante la contradicción patente entre las garantías expresadas por las autoridades del veredicto de inocencia para Kamangar, y su repentina ejecución. “No sé qué fuerzas están detrás de estas ejecuciones, que puedan desplegar tal indiferencia por las normas y regulaciones de la propia Justicia”, declaró.

“Tengo aún la impresión de estar en una pesadilla, de que me voy a despertar y Farzad estará vivo”, afirma el abogado. La familia de Kamangar también ha declarado a los medios de comunicación que se les habían ofrecido las mismas garantías, y que nadie los puso al corriente de la ejecución, ni antes ni después de que se llevara a cabo.

También ha sido ejecutada hoy Shirín Alam-Howlí, de 28 años y natural de Kurdistán, que en varias cartas recientes escritas en la cárcel de Evín había negado los cargos de terrorismo que se le imputaban, aseverando haber sido torturada para realizar confesiones falsas frente a las cámaras de televisión, lo que rechazó.

Bahramián, defensor también de Alam-Howlí, ha declarado que había enviado una carta al ayatolá Jameneí instando a que su caso fuera revisado por jueces independientes.

Al menos dieciséis presos políticos kurdos y once participantes en manifestaciones de protesta postelectorales corren riesgo de ser ejecutados de la misma manera, repentinamente y sin previo aviso.

La Campaña, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, de enseñantes y de derechos laborales, ha luchado sin descanso por salvar la vida de Kamangar. En una carta del 31 de julio de 2008, la Campaña pidió al entonces jefe del Poder Judicial iraní, el ayatolá Mahmud Hashemí Shahrudí, que conmutase su sentencia e investigase una serie de irregularidades legales de primer orden, incumplimientos de las garantías procesales y graves violaciones de los derechos humanos observados en el proceso de su detención, encarcelamiento y juicio.

Kamangar fue mantenido incomunicado durante siete meses tras su detención en julio de 2006. Hay serios indicios de que fue torturado. Su abogado ha declarado que no pudieron encontrarse elementos de prueba en las grabaciones de los interrogatorios, su expediente, en las alegaciones de los fiscales o en el fallo del juez para sustentar el cargo de moharebé.

La vista de Kamangar no duró más de siete minutos (7), de los cuales tres (3) fueron empleados en la lectura de la acusación. No se le permitió hablar ni a él ni a su abogado.

Los otros dieciséis presos kurdos en riesgo de ejecución son: Zeynab Yalilián, Habibollah Latifí, Shirkú Moarrefí, Hosein Jazrí, Rostam Arkiá, Mostafá Salimí, Anvar Rostamí, Rashid Ajkandí, Mohammad Amín-Agushí, Ahmad Puladjaní, Seyed Samí-Hoseyní, Seyed Yamal Mohammadí, Hasan Taleí, Iradch Mohammadí, Mohammad Amín-Abdollahí y Qader Mohammadzadé.

Los nueve manifestantes que se enfrentan a una posible ejecución son: Mohammad-Amín Valián, Yaafar Kazemí, Mohammad Alí Aghaí, Abdolreza Qanbarí, Motahharé Bahramí, Mohsén Daneshpur, Ahmad Daneshpur, Reyhané Hadch-Ebrahimí, Hadí Ghaemí (este último, sin relación con el director de la Campaña, de igual nombre).

Con el fin de hacer al público más consciente de las ejecuciones políticas en Irán, la Campaña ha elaborado un breve vídeo que puede ser visto (en inglés) en: http://www.iranhumanrights.org/end-executions